El lunes, 20 de agosto una declaración innovadora del acusado, Gerardo Hernández, uno de los Cinco Cubanos, se presentará en la Corte Federal de Distrito en Miami por el abogado Martin Garbus. Garbus, un abogado destacado, defensor de la Enmienda Primera y de los derechos civiles, se unió al equipo de defensa legal de los Cinco en abril de 2012.

El afidávit apoya el hábeas corpus de Hernández y busca la revocación de su condena injusta, basada en la mala conducta masiva del gobierno, con sus pagos de varios millones de dólares a periodistas de Miami durante el juicio de los Cinco.

Si la jueza, Joan Lenard, no está de acuerdo a la apelación de Hernández para anular la condena, el afidávit pide a la Corte que ordene el descubrimiento y la concesión de una audiencia oral. El objetivo del descubrimiento es la exposición total de la operación ilegal y secreta del gobierno. El conocimiento de los pagos del gobierno a los periodistas "independientes" fue revelado por primera vez el 8 de septiembre 2006 Miami Herald (enlace más abajo).

El afidávit de 82 páginas (disponible en el enlace de abajo, pero disponible para divulgación después de 11 de la mañana del lunes) llega a la conclusión, en parte:

"Cada dólar de cada artículo, imagen, radio o televisión que se gastó en este programa secreto viola la integridad del juicio. Es por eso que el fiscal se resiste a descubrir.

"Toda persona que decidió pagar, pago, tomó fondos, o cubrió los pagos en este programa secreto, violó la integridad del juicio. Es por eso que el fiscal se resiste a descubrir.

"Es sorprendente ver como el fiscal minimiza el efecto de la palabra impresa y hablada. Es como si los fundadores de este gobierno, la historia de América, la Constitución y la Primera Enmienda, nunca hayan existido.

"El concepto fundamental de un juicio justo fue negado ya que el Gobierno creó una influencia constante intolerable que es un error estructural.

"El Fiscal General, Eric Holder Jr., no era responsable de esta acusación cuando comenzó. Él lo es ahora. La condena de Peticionante [Hernández] debe ser anulada. El Departamento de Justicia debe enviar los datos de estos eventos al Presidente y al Congreso para que podamos tener la esperanza de que esto nunca vuelva a suceder en los Estados Unidos."

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