La defensa de René González, uno de los cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos, estudia las posibilidades legales a que puede acudir luego que una jueza de Miami rechazó la moción donde se solicitaba que tras cumplir hasta el último minuto de su injusta condena, René pudiera viajar a Cuba.

«Valoramos actualmente si solicitamos a la jueza Joan Lenard que reconsidere su dictamen o apelamos a una corte superior», afirmó en entrevista concedida a Prensa Latina el abogado de González, Philip Horowitz.

El 16 de septiembre, la jueza Lenard, del Distrito Sur de la Florida, rechazó la moción presentada por René González, en la que solicita que se le permita viajar a Cuba y residir en la Isla, en lugar de pasar los tres años de libertad supervisada en EE.UU., como exige la injusta condena.

«Hay muchos argumentos, principalmente humanitarios», destacó Horowitz. El jurista explicó que «la decisión de Lenard no tendrá efecto sobre la salida de la cárcel de René el 7 de octubre».

«Sin embargo, apuntó, hasta ahora, no se le permitirá retornar de forma permanente a La Habana, y debe comenzar sus tres años de libertad supervisada» en Estados Unidos.

René permanecerá en territorio estadounidense «al menos por el momento», y cumplirá con «las normas y condiciones especiales de una libertad supervisada (por haber nacido allí), tal como lo dispuso la magistrada en su veredicto del 13 de diciembre de 2001», subrayó el letrado. Pero no tendrá que mantenerse en Miami durante ese tiempo, apuntó.

Horowitz explicó que la moción rechazada, incluso, proponía que su cliente continuara «en liberación supervisada durante los tres años que ordenó la jueza, pero no en Estados Unidos».

Aclaró que ese procedimiento se hace «rutinariamente con personas sin ciudadanía que son deportadas a sus países, y aunque todavía técnicamente están bajo liberación supervisada, no se les obliga a permanecer» en esa nación.

Expertos calificaron de «decisión sin precedentes» la medida, mientras la solidaridad internacional llamó a una movilización ante el nuevo castigo contra el antiterrorista cubano, a quien el Gobierno de Washington le ha negado durante más de una década el derecho de que lo visite su esposa, Olga Salanueva.